A menos de un mes de comenzar el ciclo lectivo 2014, el Departamento y la Junta de la carrera de Ciencias de la Educación (Facultad de Filosofía y Letras-UBA) expresa su fuerte preocupación frente a las declaraciones del ministro de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la situación de miles de familias que se quedaron sin vacantes para sus hijos e hijas en las escuelas públicas estatales, luego de la apresurada implementación del sistema de inscripción y admisión on-line el noviembre pasado. Consideramos que la situación es de extrema gravedad y que pone en riesgo el cumplimiento del derecho a la educación de los chicos y chicas porteños.

Toda innovación tecnológica y organizativa en el sistema educativo debe estar orientada a fortalecer la educación pública y gratuita, a garantizar y ampliar los derechos de los estudiantes y a favorecer la mejora de los procesos educativos. Evidentemente, este no fue el caso de la inscripción on-line que viene implementando el Ministerio de Educación de la Ciudad desde el año pasado y que está dejando a más de 17.000 chicos y chicas sin su lugar en las escuelas.

Durante todo el mes de enero, desde comunidades de familias, gremios docentes y diferentes agrupaciones políticas se promovieron juntadas de firmas, marchas y petitorios para que el Gobierno de la Ciudad suspenda la inscripción on-line y garantice las vacantes para todos y todas. El Gobierno de la Ciudad, una vez más, no solo no escuchó a la comunidad educativa y no dio marcha atrás con la medida, sino que ofreció como única solución y alternativa “aulas containers”, literalmente cajas de chapa que generan condiciones de hacinamiento, de estudio y de trabajo totalmente inhumanas, para alojar o depositar a los que se les negó su inscripción en las escuelas comunes. La situación actual es que miles de estudiantes se quedaron sin poder acceder a una vacante en la Escuela Pública de la Ciudad de Buenos Aires.

Creemos que además de ser más ineficiente que el sistema de inscripción en las escuelas, este nuevo sistema on-line de inscripción y admisión de alumnos alejó a las familias del sistema educativo estatal público, desdibujando el papel de la escuela como espacio que integra y promueve el lazo social y comunitario. De hecho, el sistema vigente generó que familias que tenían vacantes garantizadas dejaran de tenerlas, e incluso que hermanos tuvieran paraderos en diferentes escuelas, sin mencionar la poca explicación e información que se dio al respecto. Todo esto además provocó la migración de muchos niños/as de la escuela pública al sector privado, favoreciendo un proceso que viene siendo estimulado por las políticas oficiales en la Ciudad. En lugar de invertir en la construcción de escuelas, el Gobierno de la Ciudad toma soluciones improvisadas y rápidas que no garantizan las condiciones mínimas de calidad para que la educación sea un derecho. La infraestructura escolar, a la que el Ministerio de Educación de la Ciudad descuida presupuestariamente, está atravesada por la desigualdad educativa y los sectores más vulnerables son los más perjudicados.

El derecho a la educación es un derecho social y humano consagrado en nuestro país, está incluido como tal en la Constitución porteña y el Gobierno de la Ciudad debe garantizarlo.

Departamento de Ciencias de la Educación
Facultad de Filosofía y Letras
UBA